El 11 de febrero de 1810, el nuevo comandante general del Departamento de Ferrol, el brigadier Francisco Vázquez Mondragón, dirigía un escrito a la máxima autoridad gubernamental recién establecida en Cádiz, informándole del motín acaecido en la capital departamental la víspera de su arribada:

Las crónicas que se elaboraron en los años posteriores a la Guerra de la Independencia no dejaron de prestar atención a unas revueltas populares que culminaban en linchamientos de máximas autoridades, y que habían escandalizado a la opinión publicada española y europea. El Conde de Toreno, en su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, que vino a fijar el canon narrativo de la Guerra, reseña 31 de estos tumultos, aunque zanja la revuelta de Ferrol en seis líneas2. Tales eventos pasaron a contarse con mayor riqueza de detalles (e imaginación) en las historias de ciudades que florecieron hasta finales de siglo. Ejemplo de ello es la Historia… del Ferrol de Montero y Aróstegui, que aunque sigue el escrito de Vázquez Mondragón incorpora nueva información, en particular de la sentencia judicial de la Audiencia de Galicia, pero que también distorsiona aspectos significativos3. Por el contrario, la nueva oleada de publicaciones que acompañaron al centenario y -menos- al sesquicentenario de la guerra prestaron una atención mucho menor a un fenómeno que había sido general a toda la Península: reducidos a eventos excepcionales, los cronistas locales tendían a considerarlos como inexplicables o incluso aberrantes, producto de las pasiones o la barbarie. La recepción en España de la historia social británica a partir de finales de los años 1970 volvió a situar el foco de atención sobre el motín de Ferrol, cuando los trabajos de Manuela Santalla4 e historiadores posteriores -entre otros, yo mismo5- coincidieron en calificarlo de conflicto a la vez laboral y social.

Me confieso insatisfecho con esta interpretación, pues en el caso que estudiamos -y en otros similares- se mezclan rasgos de motín de subsistencia y protesta laboral, pero también de insurrección política e incluso de aquella violencia extrema que asociamos a las masacres. Como expone González Calleja, es este un problema común a muchas de las movilizaciones populares que marcan la transición de las formas de Antiguo Régimen a las de la España liberal6. Las grandes teorías evolutivas de origen sociológico nos permiten pensar esa transición, a riesgo de sacrificar la especificidad de los acontecimientos locales a una interpretación general que amenaza con funcionar como un lecho de Procusto7. Además, no resulta fácil indagar lo que se esconde bajo el relato que hemos recibido, en particular la distancia entre las ideas que manejaban los protagonistas de las revueltas y los eruditos que dejaban constancia escrita de ellas. La mayor parte del expediente incoado por la Audiencia sobre el tumulto de Ferrol se ha perdido8 -apenas restan unos fragmentos y la sentencia final-, con lo que dependemos en gran medida de historias locales muy posteriores. Y el objeto de estos cronistas no era tanto la búsqueda del “rigor histórico”, como establecer una memoria que fuera asumible por todas las partes, o al menos que no contribuyese a abrir heridas mal cauterizadas.

Para responder a estos interrogantes hemos emprendido un proyecto de investigación sobre las movilizaciones populares sangrientas durante la Guerra de la Independencia, en España y Portugal9. Cada motín contiene, potencialmente, un doble perfil de historia social y política. Para entenderlos, es preciso interpretar el acontecimiento puntual en el cruce de la historia local, estatal y global. A fin de cubrir las lagunas en la secuencia de acontecimientos que se produjeron, debemos analizar el espacio concreto sobre el que se desarrollaba cada revuelta. Esto implica cartografiar los itinerarios que siguieron los tumultos -por donde pasaron, que se hizo y dijo en cada momento- a fin de realizar un doble análisis, funcional y de significado. Pero supone, también, entender el impacto de las reformas ilustradas sobre el espacio laboral y urbano: en este caso, no la Galicia del pasado sino la España que aplicaba las ideas más avanzadas de la Ilustración.

Un primer problema al que debemos enfrentarnos es el paradigma al que se acogen los estudios sobre revueltas populares. A partir de la 2ª Guerra Mundial y del debate Mousnier-Porschnev, se asentó entre los especialistas en historia moderna la tríada revuelta/rebelión/revolución, que comportaba una gradación en los niveles de organización, programa político y repercusiones institucionales10. Las posiciones de Mousnier, que acabaron por imponerse, supusieron considerar el estadio intermedio -la rebelión- como una forma de violencia popular controlada en última instancia por las élites locales, a la que estas recurrían una vez que se habían roto las posibilidades de negociación con el gobierno de la monarquía, pero que no suponían un cuestionamiento rotundo del sistema. En cambio, la revuelta o motín se consideraba una forma de resistencia mucho menos organizada, protagonizada por el “menu peuple”, que se producía al calor de crisis de subsistencia o de la presión fiscal y carecía de programa y objetivos claros.

Los especialistas en historia contemporánea se interrogaron entonces por las razones de que pervivieran los motines en el “siglo de las revoluciones”. Hobsbawm11 interpretó las rebeliones campesinas, el bandidaje o el luddismo de la primera mitad del s. XIX como reacciones exasperadas de las poblaciones preindustriales ante las amenazas del capitalismo y el estado moderno. Rudé12 argumentó que las multitudes “preindustriales” inglesas recurrirían a formas de movilización “tradicional”, mientras las multitudes “industriales” se consagraban a formas “modernas”. Thompson fue capaz de desarrollar esta hipótesis, sustrayéndola de los problemas vinculados a la teoría de la modernización13.

Los historiadores de la escuela de Charles Tilly14 vinieron a sistematizar las aportaciones anteriores. En la casuística de movilizaciones populares existiría un nivel alto -la revolución- y un nivel bajo -el motín en el Antiguo Régimen, la huelga y la manifestación con la madurez decimonónica-. Esta distinción suponía un gradiente de base social, estrategia, ideología y discurso: la revolución se consideraba el estadio superior, los motines constituían el estadio inferior y con el paso a la edad contemporánea acabarían por desaparecer.

En las dos últimas décadas estos planteamientos se han visto cuestionados. Algunos estudios han puesto de relieve que las huelgas fueron un fenómeno relativamente difundido en Francia e Inglaterra durante el s. XVIII: se han contabilizado 50 en París (entre 1720-1790) y 120 en Londres (entre 1717-1800), y un total de 373 en toda Inglaterra (durante el mismo periodo)15. De otro lado, como ha señalado Pablo Sánchez León, la historiografía ha dejado de considerar los motines como una fase previa y premoderna16: por el contrario, informan todo el periodo entre los ss. XVII-XXI, se presentan como un espacio central de la política más allá de las instituciones y se hacen especialmente activos en la primera mitad del s. XX. En Alemania, después de decaer en la segunda mitad del siglo XIX, retornan con fuerza entre las décadas de 1910-193017; en España, las últimas oleadas de motines de subsistencia se producen en 1892 y 1898, pero retornan hacia el final de la Primera Guerra Mundial, enmarcadas ahora en campañas nacionales coordinadas por sindicatos y partidos de clase18.

Conforme entraban en crisis aquellos modelos evolutivos, se difundía entre los historiadores contemporaneistas españoles especializados en el s. XIX el paradigma de la “justicia popular vindicativa”. El linchamiento, consumado o en tentativa, sería un castigo que la multitud realiza, invocando más allá de las leyes una comunidad moral; adelantándose al hecho de que el aparato de justicia fuera renuente a intervenir aplicando la pena capital; incluso afirmando el derecho a ajusticiar con sus propias manos -colectivas- en vez de delegar en la justicia ordinaria. En algunas investigaciones esto lleva a un razonamiento circular: si las víctimas fueron linchadas, es que “algo habrían hecho” y solo resta buscar argumentos para ello. De ahí a explicar que unas autoridades fueran atacadas y otras no, porque las primeras eran “más odiadas”, apenas hay un paso: una línea argumental que entra en conflicto con el concepto de “chivo expiatorio”, que implica una selección hasta cierto punto arbitraria de la víctima19.

El problema es, además, que algunos estudios invocan el concepto de “economía moral de la multitud” de E.P. Thompson, de forma no muy correcta20. Thompson no hablaba de una moral colectiva diferente de las leyes, sino de una moral que remitía a una legislación que empezaba a caer en desuso, pero no había sido formalmente abolida: la multitud buscaba presionar a autoridades locales y comerciantes para que aplicaran las leyes, no para que fueran más allá de ellas. Y este autor era consciente de que similares rituales de protesta podían ser manipulados con propósitos reaccionarios, como lo evidencia la oleada de quemas en efigie de Tom Paine que se expandió por Inglaterra en tiempos de la Revolución Francesa. En cualquier caso, Thompson dio por sentado que nunca las multitudes inglesas llevaban la agresión hasta infligir la muerte: él mismo consideraba el linchamiento como una “degeneración” de este tipo de movilizaciones, en la forma que adquiría al otro lado del Atlántico en los asesinatos de afroamericanos tras la Guerra de Secesión21.

En una dirección más prometedora han operado ciertos historiadores modernistas que argumentan la importancia de detectar quien detenta el poder y el control de la violencia institucional, y decide o no movilizarlo en situaciones de emergencia22; y también quien controla los medios de comunicación -imprenta, prensa, o atestado policial- que permitirán difundir el relato sobre lo que ha pasado que acabará por llegarnos a los historiadores. En definitiva, el problema de la articulación entre los grupos que se movilizan en el espacio público y las élites que, en algunos casos, podrían estar moviendo los hilos “desde lejos”, empujando al “menu peuple” a protestar, negándose a intervenir para reprimirlos, para hacerlo más adelante si el nivel de violencia pasara de lo tolerable.

Algo de esto intentaremos hacer en la última parte de nuestro artículo. Pero antes, debemos analizar el escenario urbano en que se produjo la protesta.

Entre las reformas que acompañaron a la instauración de la dinastía borbónica en España tuvo lugar una reorganización de la marina de guerra. Se dividió el litoral peninsular en tres departamentos, en torno a cuyas capitales se instalaron otras tantas bases navales, provistas de astilleros y arsenales: Cartagena (para el Mediterráneo), Cádiz (el Atlántico Sur) y Ferrol (el Atlántico Norte).

Las dimensiones reducidas de la población de Ferrol23, sin capacidad para alojar a los nuevos vecinos, harán necesario construir una nueva ciudad24. Carente de recursos económicos alternativos y con capacidad muy limitada para extraerlos de su entorno regional, Ferrol tampoco dispone de la red de crédito y potenciales asentistas que existe en Cádiz, lo que coloca a sus Arsenales en estrecha dependencia de la suerte de la Real Hacienda25. Por eso la nueva ciudad experimentará de manera muy drástica fases de auge o decadencia según la coyuntura económica y política favorezca a la marina de guerra y a astilleros y arsenales. La expansión, en la segunda mitad del s. XVIII, es paralela a la reactivación del comercio colonial y a los programas navales de los reinados de Fernando VI y Carlos III. El hundimiento se produce con la crisis económica general y del comercio colonial que acompaña al reinado de Carlos IV, a partir de 1794.

Dentro de las reformas ilustradas destacan aquellas que tienen que ver con la organización del trabajo, vinculadas a las grandes manufacturas reales, que se ubican en la periferia de la ciudad o en asentamientos exnovo y que llevan a una disociación -hasta entonces casi inédita- entre lugares de habitación y de trabajo. Dentro de estas manufacturas destacan, en España, Francia o Inglaterra, los astilleros y arsenales que por volumen, valor y carácter estratégico de la producción y por la concentración de trabajadores, plantean nuevos retos organizativos26.

En Ferrol, unos astilleros con capacidad para construir simultáneamente hasta doce navíos dan trabajo en el tercer cuarto del s. XVIII a más de 5.000 obreros. Inmediatos a ellos se establecen los Arsenales: el del Parque, que contiene los depósitos de armas y pertrechos para los buques, y el Arsenal del Dique, donde se localizan los diques para carenar el casco de los barcos, una labor que exige el vaciado de agua mediante bombas de achique, de la que se encargan hasta mil condenados alojados en un presidio.

Los trabajadores de astilleros y arsenales se denominan “maestranza”. Las dificultades de la Hacienda real, más intensas conforme nos aproximamos a finales del s. XVIII, generan retrasos en las pagas de varios meses, despidos masivos y a largo plazo reducciones de plantilla. La práctica consuetudinaria de recoger “astillas” -desperdicios de la construcción y reparación de buques- se convierte en ingreso complementario vital, pues permite a los trabajadores obtener dinero al momento; pero puede encubrir el hurto y concurre con las intenciones de la dirección de convertir la venta de astillas en fuente de financiación. A ello hay que añadir el riesgo de robo de herramientas, que las leyes penales castigan severamente27.

Presidiarios y trabajadores libres de la maestranza quedan bajo jurisdicción militar. De ahí la presencia temprana en la ciudad de regimientos de infantería de marina, que alcanzan los 3.000 soldados en 1753 y se alojan en el Cuartel de Batallones (a la entrada de los Astilleros) y en varios edificios dentro de los Arsenales. En la línea de las directrices de policía urbana ilustradas, estos soldados desarrollan funciones de orden público.

Las instalaciones navales se aíslan de los núcleos habitados. Los astilleros de Esteiro se rodean de un muro que cuenta con una sola puerta. El muro de 7 metros de altura, que cierra los Arsenales, está circundado por un foso de 10 metros de ancho y 5 de profundidad y cuenta con una única entrada, la Puerta del Dique. Muro y foso dificultan el hurto de materiales y herramientas y el escaqueo de las obligaciones laborales, y ayudan a prevenir la fuga de los presidiarios28. Y, caso de que la maestranza se sublevase, permiten cerrarle el paso al Arsenal donde se alojan las armas: una inexpugnabilidad que resultará crucial en impedir que las protestas laborales pasen a mayores durante más de medio siglo y que será clave central para entender el motín de 1810.

Estas características son ilustración extrema de las reformas del espacio urbano que comienzan bajo el reinado de Fernando VI, se sistematizan en Madrid bajo Carlos III y se aplican a numerosas ciudades españolas y americanas durante el reinado de Carlos IV. Como expone Carlos Sambricio, las nuevas ciudades vienen a servir de campo de experimentación29: los pueblos de la colonización interior en Sierra Morena, nuevas barriadas como la Barceloneta o fundaciones excepcionales como Ferrol, donde la inexistencia previa de una ciudad obliga a construir casi de cero.

A finales de siglo, Ferrol cuenta con cerca de 25.000 habitantes. La nueva ciudad aparece parcialmente segregada en dos barrios. Frente a los Arsenales, la Magdalena será el barrio donde se ubica la oficialidad de Marina y la burguesía comercial, y que se beneficia de las novedades de policía urbana: empedrado, soleado y ventilación, abastecimiento de agua y alcantarillado y una trama ortogonal que facilita desfiles y movimientos de tropas en caso de disturbios. En Esteiro, al pie de los astilleros, se levanta en la década de 1750 un barrio para la maestranza; las primeras obras de urbanización (empedrado, alcantarillado) tardarán un siglo en llegar.

La historiografía ha presentado a veces esta segregación como fruto del azar. Es cierto que en origen Esteiro parece haber sido una barriada destinada a alojar provisionalmente a la maestranza que construía y trabajaba en las instalaciones navales e industriales. Pero su conservación a largo plazo coincide también con la nueva lógica del urbanismo ilustrado, donde a la segregación social vertical propia del Antiguo Régimen comienza a sucederle una incipiente segregación horizontal: algo patente en las nuevas barriadas que en la segunda mitad del s. XVIII comienzan a construirse en ciudades como Londres, Edimburgo, Burdeos o Lyon y que a finales de siglo se percibe en España en las nuevas fundaciones.

En el Cuadro 1 sintetizamos las movilizaciones populares que se produjeron en Ferrol desde su fundación hasta el motín de 1810.

En los primeros años, la clase trabajadora ferrolana se caracteriza por la pluralidad en origen y status: maestranza especializada de origen vasco y levantino, peonaje rural que los sustituirá progresivamente desde la década de 1760, marineros adscritos a la matrícula del mar, regimientos y batallones de infantería de marina (que también trabajan en las bombas de achique), levas no honradas de “vagos” (unos 5.000 se reparten en 1751 entre los arsenales de las tres capitales departamentales), “malentretenidos” (de la propia villa) y presidiarios. En 1753 los canteros y carpinteros de origen vizcaíno y cántabro se dirigen al barrio de Esteiro y atacan a sus homólogos gallegos.

Pero, con el tiempo, la reducción o desaparición de algunos grupos31, la unificación de status y los enlaces matrimoniales acaban por acercar a estos colectivos, unidos por las dificultades económicas, la segregación urbana y la sujeción a la jurisdicción militar.

Desde un primer momento, a las tensiones laborales vienen a superponerse las propias de las crisis de subsistencia: en 1752 se desarrolla una protesta conjunta de la maestranza gallega y vasca por la calidad y el precio del pan, la carestía de 1767/68 lleva a nuevas protestas de la maestranza de jarcia y lonas, de origen catalán y valenciano. La ciudad es difícil de abastecer de alimentos (y de cualquiera de los insumos que precisan las instalaciones navales) dada la falta de recursos del entorno y las insuficiencias de la red viaria. La dependencia del suministro por mar la hará vulnerable en tiempos de guerra, sobre todo desde finales de siglo, cuando se imponga la superioridad de la flota inglesa. Una situación que otorga protagonismo al colectivo de las “regatonas”, las mujeres esposas, viudas o hijas de la maestranza, de la marinería y los soldados, que se ocupan de la venta ambulante y que se enfrentan a las autoridades de Marina cuando esta intenta fijarlas en puestos de mercado o cobrarles impuestos.

Pero, independientemente de las crisis de subsistencia, son los conflictos laborales los que marcan la pauta en esta segunda mitad del siglo XVIII. Primero se registra en 1754 un tumulto y abandono del trabajo, protagonizado por la maestranza -gallega y vizcaína, conjuntamente- para protestar por un retraso de salarios de 2 semanas. Nuevas huelgas se reproducen en 1782 (con los retrasos alcanzando los 6 meses) y 1791. El 5/03/1795, nuevamente ante atrasos de varios meses, las autoridades prometen pagarles con los fondos del arbitrio del vino32, pero esa misma noche arde la casa del adjudicatario y desaparecen -sic- los fondos: un precedente que lastrará la confianza de la población en la gestión de las autoridades. En septiembre del mismo año, evitando que les sean aplicadas las Leyes Penales de 1785, la maestranza se amotina en Esteiro y recorre las calles con palos y piedras reclamando el pago de los atrasos. Será necesario traer a la ciudad a varios regimientos para aplacarlos.

En 1801 los atrasos alcanzan los 12 meses: por falta de fondos, varios navíos se abandonan en grada a medio construir y acaban por pudrirse. La situación se agrava con motivo de las guerras napoleónicas, cuando en 1805 la escuadra española es destruida en Trafalgar y muchos ferrolanos perecen ahogados: entre las tres bases navales se registran 1.268 muertos entre tropa y marinería y otros 1.428 resultan heridos. No parece casualidad que sea la marinería la que, para protestar por los atrasos de salarios, toma al asalto y prende fuego en noviembre de 1807 al teatro de comedias de Settaro, un espacio donde la oficialidad de Marina desplegaba sus prácticas de status33 y que estaba ubicado en una céntrica calle del barrio de la Magdalena.

Podemos concluir que la trayectoria de las movilizaciones populares en Ferrol sigue un camino muy diferente al que predicen los modelos evolutivos, sean estos los inspirados en la teoría de la modernización, el marxismo o la escuela de Charles Tilly. No se registra una evolución desde los motines de subsistencia o antifiscales propios de Antiguo Régimen a las huelgas que se abrirían paso lentamente en la primera mitad del s. XIX. Por el contrario, en el Ferrol de la segunda mitad del s. XVIII se verifica una temprana maduración de la huelga como modelo de acción, eso sí, dentro de un sistema gremial y no sindical; solo a principios del s. XIX la huelga da paso a motines que adquieren características crecientemente insurreccionales.

Aun así, el modelo disciplinario que subyace al diseño de ciudad e instalaciones navales funciona. Entre 1752 y 1807 la revuelta se organiza siempre en torno al barrio de Esteiro, nunca en el de la Magdalena, un medio mucho más próximo a la oficialidad de Marina y fácil de patrullar. Tampoco se extiende la protesta a astilleros y arsenales, protegidos por el fuero militar y por un sistema defensivo eficaz: los huelguistas apenas llegan a arrojar alguna piedra a sus puertas, y solo contra compañeros que se dirigen al trabajo.

Una razón adicional estriba en la correlación de fuerzas. Aumentan los atrasos de las pagas, pero disminuyen los trabajadores que pueden protestar: como vemos en el Cuadro 2, más allá de las oscilaciones que generan los periódicos despidos masivos, las cifras de maestranza no dejan de reducirse, desde un máximo de 6.384 (en el año 1753), a 2.791 (en 1797), 2.000 (en 1801) y apenas 600 en 1808 en vísperas de la guerra. Como argumenta Vázquez Lijó, citando al ingeniero Muller, las cifras reales de trabajadores podrían ser mucho menores:

Aún será menor la cifra de marineros, de los que muchos murieron en Trafalgar o en el naufragio cuando fueron trasladados a Cádiz en 1809. El millar de soldados de batallones de marina que restan en la ciudad en 1801 parece más que suficiente para controlar a la fuerza laboral.

En cualquier caso, resta por abordar la capacidad de resistencia de una población -maestranza, marinería, soldados y oficiales- que a partir de 1801 soportan retrasos en sus nóminas de hasta 12 meses. La explicación podría ser doble. Del lado del gasto la Marina consigue, a través de contratas con casas de comercio y elaboración de harinas -como la de Lestache- poner en funcionamiento desde los años 1780 un sistema de aprovisionamiento de pan al fiado, que permite cubrir parte de las necesidades alimenticias de la población, en particular de la maestranza36. Del lado de los ingresos debemos tener en cuenta el “recurso creativo” a materiales, herramientas y a los mismos barcos. A la extracción de “astillas”, extensible a todo tipo de materiales de madera, lona o metal, se añade el robo de herramientas y, desde 1801, la política de “desbaratar” parte de los buques, para obtener materiales con los que reparar o armar los restantes: una práctica que impide un control eficaz sobre el destino último de estos materiales. ¿Quién vigila, además, al vigilante?: un estudio sobre los expedientes por robo de materiales en los Arsenales de Ferrol entre 1786-1795, ha documentado que el delito era muy raro entre la maestranza y muy frecuente entre los soldados de batallones de infantería de marina37. Cuando además los buques empiecen a pudrirse por falta de carena, o se pierdan en la tormenta por no ir provistos de cableado o anclas suficientes, el prestigio de las autoridades de Marina se ve afectado.

A la maduración temprana de la huelga contribuye el carácter singular de las manufacturas reales, que prefiguran espacios laborales fabriles en cuestiones centrales como salarización, disciplina laboral y enfrentamiento entre capital y trabajo; y las dificultades de la Hacienda real para abonar los salarios. El paso al motín como forma de movilización privilegiada tiene que ver con el colapso de la Hacienda desde finales de siglo, que hace inviable la gestión de la flota y sus instalaciones navales.

Los tumultos en los tres arsenales españoles -Ferrol, Cartagena y Cádiz- presentan muchas semejanzas, así como paralelos con los que sufren sus homólogos ingleses y franceses: subyacen tensiones similares, dado que la organización y el diseño de ciudades e instalaciones navales e industriales es similar38. De otro lado, las disensiones entre los grupos dirigentes abren un espacio de oportunidad para la protesta laboral, como sucede en ocasión del enfrentamiento de la oficialidad monárquica de Brest o Toulon con las autoridades del París revolucionario39. La crisis dinástica y del sistema de poder que conduce a la Guerra de la Independencia genera las condiciones para que estos motines alcancen su paroxismo.

La revuelta que condujo al asesinato del comandante general de Ferrol se inscribe en un conjunto de movilizaciones populares que acompañaron los alzamientos contra el poder napoleónico entre finales de mayo y principios de junio de 1808, y continuaron produciéndose durante el resto de la guerra. Estas revueltas quedan a medio camino entre el motín y la rebelión y, según los casos, incorporan rasgos de ambos, entre ellos el nivel de mediación de las élites locales y nacionales. El debate que sobre esta cuestión mantuvieron Corona40 y Artola41 con ocasión del sesquicentenario se zanjó a favor del segundo, al menos si atendemos a la bibliografía posterior, donde es habitual leer que las revueltas locales estallaban espontáneamente y el resultado de su suma sería la construcción de una alternativa nacional-patriótica42. Pero las investigaciones de Hocquellet, prematuramente interrumpidas, han dejado en el aire preguntas como la posible coordinación de la sublevación a nivel estatal y su organización operativa a nivel local43.

El proyecto de investigación Violencia colectiva y protesta popular en la Guerra de la Independencia se ha propuesto cuatro objetivos: a) elaborar una base de datos de los motines que tienen lugar en las ciudades españolas y portuguesas durante la Guerra, en especial los que culminan en el linchamiento de un cargo público; b) analizar las ciudades sobre las que se desarrollaban las movilizaciones populares, ciudades que se vieron afectadas por las reformas borbónicas y, más adelante, por las dinámicas de la guerra; c) elaborar nuevos planos digitales georreferenciados de dichas ciudades y del conjunto del territorio peninsular, sobre un sistema de información geográfico (HIS) y cartografiar sobre ellos el devenir de los motines; y d) comprender la génesis y dinámicas de cada movilización popular (actores, fuerzas de orden público, itinerario de la protesta, mecanismos de ruptura y restablecimiento del consenso).

El Conde de Toreno, consciente del impacto de estos acontecimientos sobre la opinión pública, intentó circunscribirlos a las primeras fases de la guerra, y atribuirlos a la exaltación popular y al odio que generaban los franceses, sus partidarios, y los miembros de la administración de Godoy. Aun así, estableció la lista más exhaustiva con que contábamos: 31 motines con resultado sangriento, que habrían afectado a 26 ciudades y causado 45 muertos44. El proyecto de investigación que hemos emprendido arroja hasta ahora cifras notablemente superiores: 73 tumultos que condujeron a un linchamiento, afectaron a 62 ciudades y dejaron al menos 130 víctimas mortales.

Estos motines no se distribuyen aleatoriamente en el tiempo, sino que se organizan en tres oleadas. La primera se desarrolla entre las sublevaciones de finales de mayo de 1808 y la huida de los franceses de Madrid a primeros de agosto, y genera un 60% de las víctimas: es ahora cuando mueren las máximas autoridades, los capitanes generales de Andalucía, Extremadura y Galicia, y el comandante general de Cartagena. La segunda oleada comienza con la caída de Madrid a primeros de diciembre de 1808 y se extiende hasta finales de marzo de 1809, y da lugar a un 30% de las muertes. La tercera estalla tras la ocupación napoleónica de las principales ciudades andaluzas a finales de enero de 1810, se abre con el motín de Ferrol y se prolonga durante seis meses, aportando un 10% de las víctimas.

Estos estallidos de violencia popular se distinguen de las masacres45 en que en la mayoría de los casos suelen extinguirse en el sacrificio de una sola víctima. Se ceban con algunas de las más altas autoridades, a las que acusan de “traidores”. Y las someten a un tratamiento estereotipado, que consiste en asaltar su vivienda o edificio oficial; saquearlo o incendiar su mobiliario; “arrastrar” por las calles a la víctima, aún después de muerta, insultándole, golpeándole, desnudándolo; ejecutarlo -aún al cadáver- mediante fusilamiento u horca; y abandonar el cuerpo en un espacio público, frente a un edificio oficial o a la vivienda de la víctima, a veces quemando el cadáver o arrojándolo al río46. Francisco de Goya dedicó dos de los grabados de su serie Desastres de la Guerra a acontecimientos de este calibre -Imagen 3-.

La similitud de los procedimientos permite hablar en algunos casos de “coreografías”: acciones colectivas que exigen cierto grado de coordinación, algo que no remite precisamente a la idea de espontaneidad. Pero, sobre todo, resulta imprescindible abordar el estudio de los significados implícitos que tales acciones tenían para las personas implicadas: es decir, el análisis de la acción ritual. A la hora de organizar un motín con víctimas mortales, la muchedumbre de finales de la Edad Moderna podría inspirarse en al menos tres grandes modelos: el suplicio, los procedimientos de conducción del reo, ejecución y manipulación del cadáver que acompañaban a la pena capital47; el sacrificio, los crueles tratos que se infligieron a los mártires y al mismo Jesucristo y de los que daban testimonio numerosas obras de arte que colgaban en los templos; finalmente, las formas de protesta popular “pacífica” más habituales, que se alimentaban del vocabulario del carnaval48.

Más allá de esta convergencia formal, cada revuelta popular podía ser un mundo aparte: se desarrollaba en condiciones especiales, en función de la historia local previa (en la que podían haberse producido eventos similares), la transmisión de noticias de otras revueltas en localidades más o menos cercanas, la posición espacial de la ciudad en relación con la suerte de las campañas militares y el riesgo de ocupación francesa, o la ubicación temporal del motín en cualquiera de las tres oleadas que hemos esbozado más arriba.

A excepción de la primera mitad de 1809, el Reino de Galicia se vio libre de ocupación francesa durante casi toda la guerra. También fue un territorio en el que los linchamientos se registraron de forma moderada, pero afectaron a las máximas autoridades. En la primera oleada falleció el capitán general de Galicia Antonio Filangieri, que sobreviviera a la sublevación de A Coruña el 30/05, había sido puesto al frente del ejército de Galicia y, tras ser destituido, fue asesinado por sus soldados en Villafranca del Bierzo el 24/06/180849. En la segunda oleada vino a morir, el 2/02/1809, Raimundo Ibáñez, que fuera atacado como propietario de su fábrica de Sargadelos en un motín anterior en 1795, pero que ahora perecía asesinado por una partida de soldados en tanto regidor de Ribadeo y por tanto responsable de abastecer a las tropas francesas recién huidas50. Finalmente, en la tercera oleada perecía el 10/02/1810 el comandante general de Ferrol José de Vargas: en el otro extremo de la Península, Andalucía se rendía sin resistencia a las tropas napoleónicas, que entraban en Sevilla el 31/01 y se presentaban el 5/02 a las puertas de Cádiz.

Aunque el ejército napoleónico se interponía en las rutas terrestres entre Galicia y Andalucía, las noticias circulaban con rapidez… por mar, gracias a la superioridad de la flota inglesa. Aun así, teniendo en cuenta que la duración standard de un viaje por mar desde Cádiz a Ferrol era de 25 días51, es muy posible que el colapso del gobierno patriótico no haya tenido nada que ver con el motín de Ferrol en febrero de 1810: el correo marítimo aún debía situar a las tropas francesas en la Mancha, antes de que iniciaran la marcha victoriosa sobre Andalucía. Pero en cambio sí que pudo influir el ejemplo de anteriores revueltas en Cartagena y Cádiz. La comunicación había sido siempre fluida entre las tres capitales departamentales, sedes de bases navales y arsenales, que vivían traslados constantes de marineros, maestranza, soldados y oficialidad, y donde los buques de guerra en tránsito hacían circular las noticias. En Ferrol habrían recalado veteranos que presenciaron el motín de Cartagena, donde el 10/06/1808 había sido asesinado su comandante general recién depuesto, Francisco de Borja52. La comunicación aún era más fluida con Cádiz, a la que se trasladó maestranza y marinería ferrolana en agosto de 1809, una parte de la cual retornó antes de final de año. En el alzamiento de Cádiz, el 29/05/1808, había perecido el capitán general de Andalucía Marqués del Socorro53; y más adelante, en el motín del 23/02/1809, fue asesinado uno de los miembros de su junta local, el comandante Heredia54.

Las circunstancias de estos asesinatos fueron diferentes, como lo eran los actores implicados y las características de la propia ciudad. En Villafranca del Bierzo y Ribadeo fueron soldados los protagonistas indiscutibles, mientras que en Cartagena y Ferrol las fuerzas militares se limitaron a inhibirse. Villafranca y Ribadeo eran poblaciones modestas, que apenas superaban el millar de habitantes; Cádiz, Cartagena y Ferrol eran ciudades populosas, sedes de astilleros y arsenales, aunque solo las dos últimas compartían el diseño urbano bipolar entre ciudad residencial y espacios de trabajo, separados por un muro que contaba con un solo portalón55. En Ferrol los soldados permitieron a la multitud franquearlo y acceder a las habitaciones de su comandante general; en Cartagena mantuvieron cerrado el portalón de los arsenales, dejando fuera a su antiguo comandante general a merced de la muchedumbre.

Una oleada de insurgencia se extiende por Ferrol, conforme la Guerra de la Independencia se ve acompañada de la disrupción del sistema de orden público:

En mayo se había producido una sublevación -inédita en este colectivo- de los presidiarios encerrados dentro de los Arsenales, en el cuartel de la Escollera -ver Cuadro 1-. En junio la marinería se subleva, en protesta por los atrasos en sus pagas y ataca la casa del teniente general Pedro de Obregón, acusándole de afín a los franceses; para mayor seguridad, Obregón será trasladado a Coruña y confinado en el castillo de San Antón. A finales de mes se constituye una “Junta de Pacificación de Ferrol” integrada por las máximas autoridades civiles y militares, que reúne -caso excepcional- todas las jurisdicciones

La ciudad era inexpugnable por mar (contando además con el apoyo de la flota inglesa), pero carecía de defensas eficaces por el lado de tierra, frente a un ejército como el napoleónico que arrastraba artillería de campaña. Por eso, cuando este se presenta ante las puertas de Ferrol, la ciudad capitula sin resistencia el 27/01/1809, siguiendo el ejemplo de la capital de A Coruña. Con anterioridad a esa fecha el malestar social en Ferrol debía ser elevado, como lo muestra el hecho de que apenas dos días antes una multitud armada de fusiles atacara el palacio del comandante general Francisco de Melgarejo, exigiéndole que organizara la resistencia armada contra el ejército francés. Pero esta agitación se disolvió rápidamente: mientras que las condiciones generales de capitulación de las plazas de A Coruña y Ferrol (negociadas por el capitán general de A Coruña) establecían en su Artículo VII que

La Junta de Ferrol y las autoridades de la plaza y la Marina se preocuparon de añadir unas Aclaraciones que en su Artículo II rezaban:

Naturalmente, esta condición nunca se vio satisfecha, pero durante la ocupación francesa no se volvieron a registrar alteraciones.

Los franceses evacúan definitivamente la ciudad cinco meses más tarde, el 21/06/1809 y poco después abandonan Galicia. Se verifica entonces una nueva sublevación de la marinería, que toma como rehenes al intendente de marina, al teniente vicario castrense y al sargento mayor de la plaza59. El ejército inglés llega el 26/06 pero se marcha en agosto, llevándose todos los barcos útiles, en número de ocho, y además

Parte de esa marinería y maestranza mueren cuando sus barcos se hunden por efecto de un temporal, antes de arribar a Cádiz, otros retornan, dado que tampoco allí encontraban trabajo.

El 10 de febrero es asesinado brutalmente el comandante general José de Vargas. Montero y Aróstegui proporciona detalles adicionales:

Invitamos a volver a la Imagen 1. Los Arsenales eran inexpugnables para una multitud desarmada, ya se tratase de hombres o mujeres. Rodeados de ancho foso inundado y de un alto muro, contaban con una única -y doble- puerta de entrada: un grueso portalón por fuera cerraba el paso a las mujeres, una verja de hierro por dentro contenía a los trabajadores. Por eso el comandante general residía allí, para mayor seguridad, en la casa destinada al comandante de arsenales, inmediata a la Puerta del Dique, vigilada por un cuartel de guardias de marina. Pero las puertas van a ser franqueadas, y no por la violencia: como deja claro el informe de Vázquez Mondragón en la primera página “las mujeres y los hombres ya estaban mezclados […] cuando […] un grito general comenzó el mayor desorden”. Hombres y mujeres entran entonces en la residencia de Vargas, lo arrastran escaleras abajo desde el primer piso, lo extraen por la Puerta del Dique y lo llevan frente a la Prisión, donde recibe la puñalada definitiva. Y la elección del lugar vuelve a ser significativa, porque la Prisión, monumental y seguro edificio, alojaba en su primer piso desde los inicios de la guerra las reuniones del ayuntamiento: el organismo que recurriendo al “arbitrio del vino” y otros recursos extraordinarios solía proporcionar a la Marina fondos para pagar los atrasos de salarios. Primer aviso.

A continuación, aquella multitud arrastra el cadáver hasta el barrio de Esteiro (donde se concentraban las viviendas de maestranza y regatonas) y pasando por delante penetran en el Cuadro de Esteiro, la plaza donde se concentraban las instalaciones administrativas de la Armada y habitaban sus empleados. Y allí lo abandonan delante de las oficinas de la Intendencia y Tesorería. Segundo aviso.

Esto no es un estallido espontáneo de venganza. La revuelta, cuya duración podemos estimar entre 8 y 10 horas, supone una vulneración radical de aquella segregación de los espacios de habitación y trabajo, y un desafío a la jurisdicción castrense que gobernaba estos últimos. Y mujeres, maestranza y marinería no habrían podido circular libremente sin la colaboración algo más que pasiva de la tropa y los oficiales al mando.

¿Qué razones motivaron entonces a los distintos sectores que se vieron envueltos -por activa o por pasiva- en el motín?; y ¿a qué se debió la inacción de las fuerzas de orden?

No estamos ante la clásica crisis de subsistencia. Los “meses de soldadura” previos a la cosecha de los años de 1805, 1809, 1811 y sobre todo 1812 sí fueron testigos de fuertes carestías y alzas de precios; y entre enero y mayo de 1809 (coincidiendo con la ocupación francesa) el ayuntamiento se moviliza para acopiar granos y harinas y asegurar el abastecimiento de Ferrol. En 1810 en cambio, el ayuntamiento apenas empieza a inquietarse en abril63, y fija entonces el precio de la libra64 de pan de trigo en 1,5 Reales, una tasa que apenas sube hasta 2 Reales a finales de mayo.

Sin embargo, a estas alturas todo el sistema de provisión y pago al fiado de pan estaba desmantelado: ni existía carga de trabajo en los Arsenales ni se esperaban pagos de la Marina, y los panaderos ya no fiaban. Dos semanas más tarde del motín, el nuevo comandante general redacta el informe “Noticia del caudal necesario para el pagamento de un mes a los individuos empleados en la capital del Departamento de Ferrol que asciende a 1.190.099 reales de vellón” 65. Más de un millón de reales por cada uno de los 12 meses de atrasos. Tres cuartas partes de las deudas se repartían, casi equitativamente, entre oficialidad, maestranza y montepío (de pensiones de todo tipo). El resto correspondía a los salarios de la marinería, al “prest y pan”66 de guardamarinas y soldados inválidos y al mantenimiento del Hospital de Marina.

Montero y Aróstegui, al hablar de la animadversión hacia Vargas, deja caer que “habia cortado ciertos abusos que por cierto no eran estensivos á las clases trabajadoras” 67. ¿Se refiere, quizás, a la sustracción de materiales de los Arsenales? La extracción de astillas, el robo de herramientas y materiales implicaba tradicionalmente a maestranza y marinería, a soldados y oficiales, y a las regatonas que revendían las “astillas”68. Pero a estas alturas los Arsenales habían sido desmantelados y poco debía quedar en ellos que sustraer. ¡Además, la cita dice literalmente que entre los culpables de “ciertos abusos” no se incluían miembros de la clase trabajadora!

¿Y a qué se debió la inacción de las fuerzas de orden? Nuestra principal fuente es el expediente judicial incoado por la Audiencia de Galicia, del que solo se ha conservado la sentencia -vid infra- y un escrito que el 22/03 dirige el brigadier Teodoro de Argumosa, recién destituido como gobernador de Ferrol, a la Junta Superior del Reino de Galicia69. En él solicita satisfacción pública de que “no iba a ser acusado y arrestado” tal y como “plumas poco reflexivas y demasiado ligeras” habían escrito. El 28/03 la Junta se negaría a concederle tal satisfacción, visto el escrito del Alcalde de la Sala del Crimen de 25/03 en que se condensa “lo que resulta contra el Brigadier Dn. Teodoro Argumosa en la causa formada sobre el atentado cometido en la persona del Comandante Dn. Josef de Vargas”70.

Existía una tensión creciente entre las dos máximas autoridades de Ferrol, desde que fueran nombradas a principios de julio de 1809. José de Vargas, comandante general del Departamento de Ferrol, era teóricamente la máxima autoridad en este y desde luego en los Arsenales; Teodoro de Argumosa, en tanto gobernador político-militar, era el jefe de la fuerza armada. Los dos eran oficiales de Marina con graduación equivalente, pero en distintas secciones: Argumosa, general de brigada de artillería, Vargas, jefe de escuadra. Las competencias cruzadas, una característica del Antiguo Régimen que favorecía el control en la administración, derivaron hacia el solapamiento durante la guerra, desde que la Junta del Reino de Galicia ordenara establecer en Ferrol una Junta Superior de Gobierno y Defensa, en la que se insertaban, además de los miembros del ayuntamiento, eclesiásticos, miembros de la nobleza, del comercio y la Marina. Argumosa, como gobernador, presidía el ayuntamiento; Vargas, comandante general, hacía lo propio con la Junta.

Las tensiones parecen haber estallado en torno al control de los fondos de los arbitrios sobre vino y aguardientes. Tradicionalmente la Marina, y ahora la Junta de Defensa, se dirigían al ayuntamiento para pedirle que librara dichos fondos, para realizar pagos extraordinarios de la Armada.

Este García debe ser por fuerza Angel García Fernández, comerciante de la ciudad. A principios de 1810 era el arrendatario municipal del impuesto sobre el aguardiente y licores, en Ferrol y villas vecinas. Pero probablemente también seguía siendo, como en 1808, comisionado real

Argumosa reprochaba a Vargas autorizar el pago a García de los gastos de mantenimiento del hospital, del que era asentista, en lugar de amenazarle con embargarle los bienes que habría puesto por garantía del asiento. Lo que parece implicar que la máxima autoridad de Marina, desde la Junta, habría indicado a García que se cobrara parte de sus deudas como asentista con los ingresos del arbitrio de alcoholes, que él mismo administraba, sin pasar por el requisito formal de solicitar autorización del ayuntamiento y de su gobernador.

Para “mejorar” las cosas, con el cambio de año arribaba a Ferrol una fragata cargada con más de 800.000 reales, remitida por la Junta Suprema de Sevilla

La disponibilidad de tales fondos pudo alimentar los rumores sobre la gestión de Vargas, y en cualquier caso proporcionaba un objetivo realista para los participantes en el motín. Que estos se dirigieran a registrar la goleta Liniers, una embarcación veloz y manejable con escasa tripulación, y el único buque disponible en las instalaciones navales, anclado en la orilla opuesta de la ría, parece indicar que los rumores incluían detalles sobre la próxima huida del comandante general. Y este podía ser la máxima autoridad de Marina y de la Junta, pero carecía del mando directo sobre tropa que correspondía al gobernador Argumosa. Vargas, consciente de su vulnerabilidad, había renunciado a alojarse en el palacio de comandancia, en el extremo oeste del barrio de la Magdalena, allí donde se concentraban las viviendas de los oficiales de Marina74; y prefirió residir bajo la protección del muro de los Arsenales, inmediato al portalón desde donde podía controlar el tránsito de personas y mercancías.

Una vez que estalló el tumulto, los testimonios de diversos mandos militares coincidieron en resaltar la pasividad del gobernador que contaba con fuerzas militares suficientes: el Batallón de Voluntarios del Ribero, formado en la Alameda ante la Puerta del Dique, y cuyo jefe solicitó instrucciones a Argumosa, que le ordenó que se mantuviera a la espera; la Milicia urbana que guardaba la cárcel75, y que había acudido a formar ante la misma Puerta del Dique; y la infantería de marina alojada en el cuartel de la Puerta del Dique, ya dentro del Arsenal:

Cierto es que, desde junio de 1808, el millar de soldados de batallones de marina responsables del orden público había abandonado la ciudad, para engrosar el ejército de Galicia. Pero la reciente llegada a la ciudad del Batallón de Voluntarios do Ribeiro suponía una diferencia significativa77, dado que esta fuerza de 200 soldados, veteranos de guerra y armados con fusiles no había tenido tiempo de establecer complicidades significativas con el resto de la población. De otra parte, en febrero de 1810, maestranza y marinería no podían sumar más de 400 o 500 hombres. Y una vez apagado el motín, el gobernador consideró suficiente mandar “poner sesenta hombres de días sobre las Armas armados y municionados con sus oficiales a la Cabeza, Patrullas de noche y otras precauciones”78.

El fiscal del crimen de la Audiencia parece sugerir algo más que pasividad:

¿Cómo interpretar una referencia tan velada?80 Un jurista que participara en la tradición de respeto a la monarquía y desconfianza hacia las “turbas” podría estar comparando la suerte de Vargas con la del virrey Almenara, cuya casa fue asaltada y su cuerpo arrastrado hasta la plaza del Mercado en el tumulto que sacudió a Zaragoza el 24/05/1591, promovido en la sombra por el Justicia de Aragón -¿un Argumosa avant la lettre? -. Ahora bien, la historia de Antonio Pérez, desencadenante de las Alteraciones de Aragón de 1591, había sido en España objeto de una lectura “liberal pactista” a partir de 1792, que los poemas de Quintana en 1808 habían acabado de consagrar81. Y el autor de aquella referencia erudita en el expediente por la muerte de Vargas, el fiscal del crimen Gonzalo Cruz de Vilches, se iba a significar muy pronto como declarado apoyo del orden constitucional de Cádiz. De manera análoga a como Felipe II habría perseguido extrajudicialmente a su secretario Antonio Pérez para tapar la propia implicación del rey en la muerte del secretario Escobedo, también Argumosa habría asistido pasivamente al motín contra Vargas, alimentado en falsas acusaciones difundidas entre los amotinados, para tapar la propia implicación de Argumosa en otras irregularidades. Dado que, con anterioridad a su nombramiento de gobernador, Argumosa había ejercido como comandante de los Arsenales de Ferrol -la máxima autoridad en estos, por debajo del comandante general-.

Otra cuestión relevante, sobre la que ya escribieran Manuela Santalla82 y, recientemente, Ofelia Rey Castelao83, es la participación activa de mujeres en el motín de Ferrol. Las mujeres ya adquirían un papel protagonista en el informe de Vázquez Mondragón, apenas pasado un día de la revuelta, y esto se ve confirmado en los papeles que conservamos del expediente judicial y, especialmente, en la narración de Montero y Aróstegui84. Fue la explicación que aceptaron sin dudarlo las autoridades superiores en Cádiz, rechazando la idea de que en el tumulto pudiera leerse en términos de contestación social… o política:

Veamos qué nos dice la sentencia judicial, redactada al cumplirse un año del crimen. La Audiencia de Galicia condenaba a la pena capital mediante ahorcamiento a Antonia de Alarcón, viuda de un herrero no adscrito a la maestranza; a presidio por diez años a Benito Agustín López, carpintero de ribera de la maestranza; y a cuatro años de cárcel a Agustina García la Castañera, hija de un alférez de fragata86. Pero creo que no deberíamos dejarnos llevar por la afirmación de Montero y Aróstegui, que señalaba a Antonia de Alarcón como “cabeza del motín”, toda vez que el mismo cronista dejaba caer unas líneas antes que “la vindicta pública reclamaba una víctima”.

De hecho, Montero y Aróstegui es el primero que, medio siglo después del motín, se decide a otorgar ese protagonismo a Antonia de Alarcón. En 1837 el Conde de Toreno se limitaba a decir que “castigose con el último suplicio a una mujer del pueblo que se probó haber sido la que primero acometió é hirió al desgraciado Vargas” 87. Y es esto último lo que rezaba literalmente la sentencia de 1811: que la así condenada lo era no por haber ejercido liderazgo alguno o infligir una herida seria a Vargas, sino por haberse significado en ser la primera en golpearle con un compás de carpintero, un instrumento de madera o de hierro de entre 20 y 30 cm. Y esto coloca a Antonia de Alarcón en una posición similar a la de otros condenados en sentencia judicial por su participación en linchamientos durante la guerra: el primero que dio un golpe, zarandeó o escupió al luego fallecido. Algo que convertía al acusado en una víctima propiciatoria, que permitía al gobierno presumir de severidad sin dictar un número elevado de condenas -y generar un número mucho mayor de resentidos-. Y un chivo expiatorio no tiene por qué haber sido un líder88. Resulta significativo que, con solo tres condenas, la sentencia consiguiera dar un aviso a los sectores implicados directamente en la muerte de Vargas: una probable regatona -apodada “la castañera”-, un trabajador de carpintería de la maestranza y un herrero exterior a ella, una viuda y una hija, la primera de un obrero, la segunda de un suboficial de Marina89. Un tipo de “muestreo aleatorio” que podría estar presente en sentencias judiciales similares90.

Enfatizar la participación de mujeres y niños podía no ser sino un recurso tradicional para quitarle hierro a un motín y burlar parte de la severidad del tratamiento legal que merecía, dado que las leyes miraban más benignamente al menor de edad y a la mujer, cuyo cuerpo más débil -rezaban las leyes- se traducía a su ánimo91. Lo cierto es, sin embargo, que en esta línea de restarle importancia a aquellos asesinatos el Conde de Toreno señaló aquí y allá la participación de soldadesca, borrachos, niños o mujeres, pero nunca les asignó protagonismo a estas últimas; y apenas menciona otros tres casos (“una mujer atrevida” en Badajoz, “mujeres empedernidas” en Valladolid, o el caso de Madrid) en que una mujer se hubiera significado lanzando un grito en medio del tumulto. Es más, entre los 73 linchamientos de nuestra base de datos, elaborada mediante el recurso a crónicas y documentación de todo tipo, apenas hemos conseguido aumentar esta muestra de casos hasta 8 (añadiendo entre otros los motines de Cádiz y Cartagena): pero una participación femenina que suele limitarse a lanzar un grito o arrojar alguna piedra. En la muestra de procesados más amplia con la que contamos, el multitudinario motín que sacude a Puerto de la Cruz (Tenerife) en abril de 1810, sobre 33 procesados solo figura una mujer. Finalmente, entre los expedientes judiciales que culminan en condena a muerte, solo hemos podido localizar otra mujer ejecutada92.

Parece claro, entonces, que en el tumulto de Ferrol las mujeres juegan un papel excepcional, dentro de esta epidemia española de linchamientos. Recordemos que, ya en junio de 1808, un ferrolano se quejaba por escrito de que “estamos atenidos a los caprichos y alborotos de estas regateras y gentuza”93. Una cuestión sobre la que parece necesario seguir indagando.

¿Cuáles fueron, finalmente, las consecuencias de la revuelta de 1810 en Ferrol, y hasta qué punto pudieron cubrir los objetivos de alguno de los grupos implicados? La alarma del Consejo de Regencia es comprensible, habida cuenta de que apenas habían pasado una semana desde su constitución en Cádiz, tras la disolución de la Junta Central Suprema Gubernativa. Vargas era la autoridad más alta que fallecía como resultado de un tumulto, desde aquel que acabara con la vida del capitán general de Galicia el 24/06/1808. El motín venía además a romper un interludio de diez meses en el que no se habían registrado linchamientos en todo el país. Se producía en una ciudad, Ferrol, que guardaba grandes similitudes con Cádiz -que alojaba a la Regencia- en la que ya se produjeran en 1808 y 1809 sendos motines sangrientos. Y era esta la quinta ocasión en que se atacaba a las máximas autoridades en Ferrol, pero la primera vez que una de estas resultaba asesinada.

En cuanto al pretexto del motín, los efectos fueron mínimos: pese a los sucesivos escritos del nuevo comandante general Vázquez Mondragón reclamando fondos, apenas se recibieron 2 millones de reales, las necesidades para cubrir dos meses de pagas y montepío. Pero sí sirvió para instaurar un desgobierno aún mayor, la incapacidad de las autoridades de hacerse obedecer y de aplicar las instrucciones del Consejo de Regencia.

A pesar de que el Consejo decidiera terminar con la división de funciones entre comandante general y gobernador político-militar, acumulando ambas responsabilidades en Vázquez Mondragón, este, en sucesivos escritos entre febrero y mayo se quejaba de que

Resulta significativo que, cuando se produjo el asesinato de Vargas, ya había dado la Audiencia instrucciones para que se personara en Ferrol el alcalde del crimen y abriera sumaria contra los culpables “Por resultas de otra conmoción habida el 19 de dizre. del año ultimo [de 1809] contra la persona del Intendente”95. Esta primera investigación se suspendió sine die. Y la capacidad de las autoridades locales para sancionar a “delincuentes impunes” -quizás la sustracción de materiales de los Arsenales, o el fraude en suministros y/o pagos- se vio sustancialmente disminuida. Porque el objetivo de un linchamiento no es librarse de una persona concreta que indigna o estorba, sino sentar nuevas relaciones de fuerza y en particular amedrentar a un colectivo. Si lo que pretendían los tumultuados de Ferrol hubiera sido presionar a las máximas autoridades para que cumpliesen con sus obligaciones laborales, no tenía sentido sublevarse contra Vargas, cuando era público y notorio que restaban escasas horas para que llegara a la ciudad el nuevo comandante general. Matar a Vargas sirvió para dejar a Vázquez Mondragón con las manos atadas, que era quizás lo que en último término se pretendía.

La secuencia de movilizaciones populares de Ferrol se contradice con los esquemas evolutivos más frecuentes en historia moderna y contemporánea: en particular aquellos propios de la escuela de Charles Tilly, que postulan el paso del motín propio de Antiguo Régimen a la huelga que se haría hegemónica en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la maduración de la clase trabajadora. Sin necesidad de esperar al siglo XIX, en los cincuenta años que median entre 1752 y 1801 se producen en Ferrol al menos 9 episodios de protesta, protagonizada por la maestranza, que recurre una y otra vez a la huelga. En cambio, los poco más de dos años que van de 11/1807 a 02/1810 son testigos de una sucesión de 7 motines cada vez más violentos, que afectan a todos los sectores laborales y a las vendedoras, donde a las cuestiones laborales se vienen a añadir las políticas; revueltas que incluyen el ataque a las máximas autoridades, su secuestro y -en 02/1810- su asesinato.

Tampoco parece fructífera la hipótesis de la justicia vindicativa. El motín con linchamiento no es un simple estallido de ira popular (aunque habitualmente la implique). Precisa de factores que unifiquen los motivos de descontento de diversos sectores sociales y que inhiban los mecanismos habituales de orden público. Lo que abre la posibilidad de una organización operativa local y de una coordinación con agentes supralocales, precisamente las cuestiones sobre las que han llamado la atención los historiadores modernistas, cuando han añadido al de revuelta un segundo estadio: la rebelión.

Una posible explicación de las peculiares características de la conflictividad social en Ferrol podría estribar en el carácter especial de las manufacturas reales, que prefiguraban ciertos aspectos de las relaciones laborales fabriles y los transmitían a aquellas ciudades sedes de bases navales y arsenales. La organización urbanística segregada permitió a las autoridades de la ciudad mantener esta situación… hasta que les explotó entre las manos. El papel de la coyuntura, bélica en este caso, parece haber sido decisivo, por lo que supuso de disrupción del sistema de orden público y porque los ferrolanos fueron acumulando noticias que les llegaban acerca de las dos oleadas de linchamientos que se sucedieron en el país, muchos de los cuales quedaban impunes. Pero ¿no es cierto que de todos los tumultos se podría alegar un “carácter especial” y una sujeción a la coyuntura? Y entonces, vista la acumulación de anomalías ¿no sería hora de buscar nuevos modelos explicativos?

El motín de Ferrol de 1810 supuso la implicación -por activa o por pasiva- de muchos de los sectores sociales que se veían afectados por la quiebra de la Hacienda en Ferrol: la maestranza y la marinería, los oficiales y los soldados, los beneficiarios del montepío (pensiones de jubilación, viudedad y orfandad). También podría explicar esto el protagonismo adquirido por las vendedoras amotinadas, muchas de las cuales eran titulares de pensiones, familiares de trabajadores, soldados y suboficiales, que además eran sus clientes. Pero el motín solo pudo tener éxito y llegar hasta el linchamiento de la máxima autoridad una vez que confluyeron dos factores. En primer lugar, la fabricación de una interpretación calumniosa que acusaba al comandante general de robar los fondos de Marina y prepararse para huir con ellos. Y esto convierte nuevamente el caso de Ferrol en excepción: en los otros 72 episodios de linchamiento que hemos registrado durante la Guerra, siempre se acusa a las víctimas de “traición”, de connivencia con el enemigo francés, nunca de robo. En segundo lugar, en esas circunstancias resultó crucial la renuencia de la segunda autoridad de la ciudad -y responsable de la fuerza armada- a defender a su superior: un ejemplo más de aquellas desavenencias entre las máximas autoridades que sí resultaron cruciales en el estallido de muchas de estas revueltas.

En nuestro proyecto VICES estamos realizando estudios de caso exhaustivos, como este, sobre una selección de 30 motines que, durante la Guerra de la Independencia, afectaron a 23 ciudades. Veremos hasta qué punto el modelo uniforme de revuelta mantiene su utilidad o, por el contrario, bajo la similitud formal de los acontecimientos, podemos detectar dinámicas explicativas muy diversas.